
Blog Enis Caicedo
La mentira perfecta
No se deje llevar por todo lo que parece, las imágenes también se pueden inventar.
LA MENTIRA PERFECTA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MANIPULACIÓN DE IMÁGENES Y LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA JUSTICIA ¿Podemos seguir creyendo en todo lo que vemos?
Por Enis Caicedo Arenas, Abogada y corredora de bienes raíces.
Durante décadas hemos escuchado la expresión: «Una imagen vale más que mil palabras». Sin embargo, en la era de la inteligencia artificial, esta afirmación merece ser cuestionada. Hoy, una fotografía puede mostrar acontecimientos que nunca ocurrieron, un video puede atribuir declaraciones a una persona que jamás las pronunció y una imagen puede aparentar la firma de un documento que nunca fue suscrito. La tecnología ha alcanzado un nivel de sofisticación que permite crear escenas extraordinariamente realistas, capaces de confundir incluso a observadores experimentados. Esta realidad plantea interrogantes fundamentales para el derecho: ¿están preparados nuestros sistemas judiciales para identificar las pruebas digitales manipuladas? ¿Qué ocurre cuando una imagen falsa se presenta como evidencia dentro de un proceso? ¿Cómo protegemos la presunción de inocencia, el debido proceso y la seguridad jurídica frente a estas nuevas amenazas? Estas preguntas ya no pertenecen exclusivamente al ámbito tecnológico. Constituyen desafíos actuales para la abogacía, la investigación penal y la administración de justicia.
Imaginemos que, dentro de un proceso civil, se presenta una fotografía donde aparece un adulto mayor firmando un documento mediante el cual supuestamente autoriza la venta de un inmueble. En la imagen se observa claramente su rostro, su mano sosteniendo un bolígrafo y el documento colocado sobre una mesa. Todo parece indicar que la persona manifestó su consentimiento. Sin embargo, existe una circunstancia desconocida para quienes observan la fotografía: la escena fue creada o modificada mediante inteligencia artificial. La persona nunca firmó ese documento. Este ejemplo permite comprender una de las amenazas más preocupantes de la manipulación digital: la posibilidad de fabricar una representación visual de un hecho inexistente y utilizarla para intentar acreditar una actuación jurídica. El problema se agrava cuando las imágenes involucran a adultos mayores, personas enfermas o ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, cuyo consentimiento y capacidad para comprender determinados actos podrían convertirse en materia de controversia judicial. En estos casos, una fotografía no puede sustituir la verificación de la autenticidad documental, la identidad de los intervinientes, la capacidad jurídica ni los requisitos legales de validez del acto. La apariencia de una firma no equivale a la existencia de consentimiento jurídicamente válido.
Las herramientas de inteligencia artificial generativa permiten producir imágenes, audios y videos con un grado creciente de realismo. Entre los escenarios de riesgo que pueden presentarse encontramos: Procesos penales: videos manipulados que sitúan a una persona en la escena de un delito que no cometió. Procesos de familia: fotografías fabricadas para desacreditar a un progenitor en controversias sobre guarda, crianza o visitas. Procesos civiles: imágenes o conversaciones digitales falsas utilizadas para aparentar el reconocimiento de una deuda. Operaciones inmobiliarias: fotografías que representan la supuesta firma de contratos, poderes o autorizaciones de venta. Conflictos comerciales: audios generados artificialmente para simular instrucciones de pago, aceptación de obligaciones o reconocimiento de compromisos. Procedimientos administrativos: documentos digitales alterados para modificar fechas, certificaciones o información relevante. Estas situaciones demuestran que la manipulación digital puede afectar distintas ramas del derecho y comprometer derechos fundamentales. No obstante, es importante distinguir entre el uso legítimo de la inteligencia artificial para crear contenido ilustrativo y su utilización engañosa para atribuir hechos falsos a personas determinadas. La tecnología, por sí misma, no constituye el problema. El riesgo surge cuando se utiliza para engañar, suplantar identidades, perjudicar derechos o interferir en la correcta administración de justicia.
En Panamá, la Constitución Política reconoce garantías fundamentales vinculadas al debido proceso y al ejercicio del derecho de defensa. En materia penal, el Código Procesal Penal, adoptado mediante la Ley 63 de 2008, establece un sistema de valoración probatoria que exige examinar los elementos de convicción conforme a las reglas aplicables y a la sana crítica. En este contexto, la aparición de contenido generado mediante inteligencia artificial obliga a reforzar la evaluación de la autenticidad, integridad, procedencia y confiabilidad de la evidencia digital. Una fotografía aparentemente incriminatoria no puede considerarse automáticamente una representación auténtica de los hechos. Del mismo modo, un video o audio no debería recibir credibilidad únicamente porque su contenido parece coherente o porque reproduce características físicas o vocales de determinada persona. La posibilidad de generar falsificaciones digitales obliga a fiscales, defensores, jueces y peritos a desarrollar capacidades para reconocer indicios de manipulación y determinar cuándo resulta necesaria una verificación técnica especializada. La presunción de inocencia exige especial prudencia frente a materiales digitales cuya autenticidad se encuentre razonablemente cuestionada. Nadie debería enfrentar una condena basada en una realidad artificial presentada fraudulentamente como verdadera.
Una imagen modificada digitalmente puede ser presentada dentro de un procedimiento, pero su admisibilidad, autenticidad, alcance y valor probatorio dependerán de las normas aplicables y de las circunstancias particulares del caso. Es indispensable diferenciar entre admitir un elemento de prueba y otorgarle credibilidad suficiente para sustentar una decisión. La existencia de una fotografía no demuestra necesariamente que el acontecimiento representado haya ocurrido de la manera descrita por quien la aporta. Por ello, cuando existan dudas razonables sobre su autenticidad, pueden resultar relevantes aspectos como: La identificación del archivo original y su procedencia. La preservación de los metadatos disponibles. La determinación de posibles modificaciones digitales. La documentación de la cadena de custodia cuando corresponda. El análisis pericial informático, si resulta necesario. La corroboración del contenido mediante otros medios de prueba. Debe advertirse que los metadatos pueden alterarse o desaparecer, y que ninguna herramienta automática de detección de inteligencia artificial ofrece certeza absoluta en todos los casos. Por tanto, la evaluación debe ser integral y contextualizada.
Uno de los ámbitos donde esta problemática merece especial atención es el derecho inmobiliario. La compraventa de bienes inmuebles involucra importantes intereses patrimoniales y exige verificar la identidad de las partes, la legitimación para disponer del bien, las facultades de representación y el cumplimiento de las formalidades legales correspondientes. Imaginemos que una persona presenta una fotografía donde supuestamente aparece el propietario de un apartamento firmando una autorización de venta. Aunque la imagen sea convincente, no demuestra por sí sola la existencia de un poder válido ni acredita que se hayan cumplido las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico. La debida diligencia inmobiliaria debe incluir la revisión de los documentos pertinentes, las facultades de representación y la información registral, sin sustituir estas verificaciones por fotografías o comunicaciones digitales de origen incierto. La seguridad jurídica no puede depender de una imagen que, mediante herramientas tecnológicas, podría haber sido fabricada en cuestión de minutos.
El ejercicio de la abogacía enfrenta una transformación significativa. Ya no basta con conocer las normas procesales y dominar las técnicas tradicionales de litigación. Los profesionales del derecho necesitan desarrollar competencias para comprender los riesgos de la inteligencia artificial y reconocer las limitaciones de la evidencia digital. Esto no significa que cada abogado deba convertirse en especialista informático, sino que debe saber identificar situaciones que ameriten una evaluación técnica y formular las solicitudes probatorias correspondientes. La formación continua en evidencia electrónica, ciberseguridad, protección de datos y herramientas de inteligencia artificial resulta cada vez más importante. Asimismo, la ética profesional adquiere una dimensión adicional: verificar razonablemente el origen y la fiabilidad del material digital antes de utilizarlo para sustentar afirmaciones dentro de un proceso. Presentar deliberadamente contenido fabricado como si fuera evidencia auténtica puede generar consecuencias jurídicas, cuya naturaleza dependerá de la conducta realizada y de las disposiciones legales aplicables.
La transformación tecnológica exige una respuesta institucional. Panamá cuenta con normas relacionadas con documentos electrónicos, firmas electrónicas, protección de datos personales y procedimientos judiciales. Sin embargo, la evolución de la inteligencia artificial plantea nuevos retos interpretativos, técnicos y operativos. No basta con disponer de herramientas tecnológicas para administrar expedientes digitales. También es necesario fortalecer las capacidades institucionales para evaluar la fiabilidad de la información que contienen. Entre las prioridades deberían encontrarse la capacitación de operadores de justicia, la disponibilidad de peritajes especializados, el establecimiento de protocolos de preservación de evidencia digital y la actualización de buenas prácticas probatorias. También resulta fundamental promover una discusión académica sobre la suficiencia de los mecanismos existentes y la eventual necesidad de ajustes normativos. La innovación tecnológica avanza rápidamente, pero las garantías fundamentales no pueden quedar rezagadas.
El problema de las imágenes manipuladas trasciende la falsificación de una fotografía. Sus consecuencias pueden comprometer la libertad, el patrimonio, la reputación, las relaciones familiares y el acceso efectivo a la justicia. Una imagen falsa podría contribuir a desacreditar a un progenitor, perjudicar una investigación, generar dudas sobre la actuación de un profesional o inducir a error en una controversia patrimonial. De allí que el análisis de la prueba digital deba realizarse con rigor, prudencia y respeto por los derechos de todas las partes. La tecnología puede servir para esclarecer hechos, pero también puede utilizarse para construir narrativas engañosas. El reto consiste en aprovechar sus beneficios sin permitir que sus riesgos debiliten la búsqueda de la verdad procesal. Conclusión: ver ya no es suficiente para probar La inteligencia artificial está transformando la manera en que producimos, compartimos e interpretamos la información. En el ámbito jurídico, esta transformación exige abandonar la idea de que una imagen constituye, por su sola apariencia, una representación incuestionable de la realidad. La justicia debe evolucionar hacia una cultura de verificación, donde la autenticidad y la confiabilidad de la evidencia digital sean examinadas con el rigor que cada caso requiera. Los abogados tenemos la responsabilidad de prepararnos para estos desafíos, promover el uso ético de la tecnología y defender las garantías fundamentales frente a nuevas formas de manipulación. La inteligencia artificial no debe convertirse en un instrumento para fabricar culpables, inventar consentimientos o distorsionar la verdad. Porque en una sociedad donde es posible fabricar imágenes de hechos que jamás ocurrieron, la justicia no puede limitarse a creer en lo que ve: tiene el deber de examinar lo que puede probarse. Enis Caicedo Arenas, Abogada y corredora de bienes raíces. Secretaria de la Comisión de Relaciones Internacionales del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Vicepresidenta de ANDAP y miembro del Comité Legal de ACOBIR.
